Johan León Reyes
@johanleonreyes / @azulpositivo.org
Es frecuente escuchar expresiones
como “en mi humilde opinión” o “yo no soy homofóbico pero…” seguidas de otras
como “las parejas del mismo sexo no deben… “ (tener hijos, adoptar, mostrar su
afecto en público, hablar sobre sus temas personales, ser donantes de sangre y
un interminable etcétera) en sociedades que no han logrado avanzar en el
respeto a la diversidad sexual.
Dentro de los lentos y trabajosos
avances que se han alcanzado en la región sudamericana Venezuela se encuentra
en los lugares con mayores atrasos en la materia. Un Estado que se autodenomina
de izquierda aunque a todas luces conservador en estos temas y una todavía
fuerte influencia de las religiones sobre las decisiones políticas han solapado
las iniciativas sociales como, por ejemplo, el matrimonio igualitario o leyes
específicas para la protección de personas lesbianas, gais, bisexuales trans e
intersexuales.
Algunos consideran que las
legislaciones específicas serían una forma de discriminación positiva, sin
embargo cabe preguntarse ¿una persona heterosexual es botada de su casa,
despedida de su trabajo o humillada públicamente por el hecho de serlo? Las y
los homosexuales, bisexuales y trans sí sufren estos episodios. La población
transgénero y transexual tiene enormes limitaciones (más que el resto de la
población) a la hora de acceder a servicios de salud pues además de que su
identidad legal y expresión de género pueden diferir de lo que la limitada
capacidad de muchos funcionarios pudieran entender también son considerados
como potenciales focos de infecciones de transmisión sexual. La estrategia no
suele ser la negación directa de los servicios sino la solicitud de insumos
complejos, costosos o no disponibles para negar la atención bajo esas excusas.
Lo mismo sucede al momento de las
oportunidades laborales o de estudios, las personas trans son frecuentemente discriminadas
y excluidas de estos contextos por lo que sus posibilidades de sustento se
limitan a trabajos informales sin posibilidades de avances o el trabajo sexual,
el cual impone una serie de riesgos adicionales, principalmente en materia de
seguridad personal y salud.
En el caso de los programas
sociales como los denominados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y
Producción) es frecuente la discriminación y exclusión de las parejas del mismo
sexo o las personas trans por considerar que no son familias y no son elegibles
para estos beneficios. Esto no podemos afirmar que se trate de una política de
Estado sino más bien de los criterios personales de líderes comunitarios
influenciados por lo que consideran valores morales y religiosos. Esta realidad
es frecuente tanto en los contextos urbanos como en los rurales.
Si bien el contexto global incide
de manera tímida en los cambios sociales referentes a estos temas, la influencia de los
fundamentalismos religiosos sigue haciendo resistencia a los avances y la
equivalencia en derechos en Venezuela.
Urge incluir dentro de las
agendas legislativas un conjunto de políticas inclusivas así como las sanciones
explícitas asociadas a la discriminación por razón de orientación sexual, identidad
o expresión de género; esto es una deuda histórica con cientos de miles de personas
que debe empezarse a pagar.
El 17 de mayo de 1990 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó la homosexualidad de las denominadas
enfermedades mentales, razón por la cual este día se celebra el Día Internacional
contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia (IDAHOT según sus siglas en inglés),
y desde entonces ha sido un largo recorrido que ha permitido la despenalización
en algunos países, el reconocimiento del matrimonio igualitario y legislaciones
inclusivas, aunque por otro lado existe un importante número de países
criminaliza la orientación sexual, identidad y expresión de género distintas a
la heteronormativa, en algunos casos con penas de privación de libertad y en
otros con la pena de muerte, generalmente asociada a los regímenes fundamentalistas
en los que la religión y el Estado se fusionan para la generación de las leyes.
La homofobia (LGBTIfobia) va
mucho más allá los gravísimos crímenes de odio; también se expresa en discursos
de odio de las religiones, en la exclusión de los contextos laborales y
educativos así como en el de acceso a la salud, en la invisibilización de este
segmento de la población en las políticas de Estado y en muchos otros ámbitos.
La invitación es, antes de emitir opiniones que busquen cercenar los derechos
de cualquier grupo social analizar el contexto, practicar la empatía y
comprender que los discursos de exclusión más temprano que tarde generan consecuencias
a otras personas. El odio no es una opinión.
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