Las medidas gubernamentales de la actual administración de los Estados Unidos ha traído consigo la revisión y suspensión de diversos fondos destinados a la cooperación internacional en las Américas, afectando gravemente a la respuesta humanitaria e iniciativas de desarrollo de la región, ocasionando la paralización de algunas organizaciones sociales, principalmente, aquellas que trabajo con personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y retornadas. Además de esto, las posturas políticas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, género y diversidad sexual marcan un panorama poco alentador para las organizaciones que trabajan estas temáticas.
En este sentido, las organizaciones de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas (en adelante, la Red), hemos analizado los desafíos y oportunidades que plante esta coyuntura para el trabajo con personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana.
Corresponsabilidad estatal y de actores internos
Esta situación ha desnudado una realidad: la gran dependencia de los proyectos humanitarios a la financiación de Washington. En efecto, la ONU indica que el 47 % de los recursos humanitarios en el mundo ejecutados en 2024 provinieron exclusivamente de Estados Unidos. En este sentido, vale generar espacios de autocrítica e interpelar el nivel de corresponsabilidad de los Estados beneficiarios de estos proyectos, así como de otras esferas de poder global.
Los Estados deben asumir sus cuotas de responsabilidad con la agenda social y política de las personas LGBTIQ+, en particular con grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, como las personas LGBTIQ+ refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de violencias basadas en género, precarizadas y marginalizadas. Precisamente uno de los principios recogidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular señala la corresponsabilidad de los gobiernos de países expulsores y receptores de migrantes. En este sentido, los Estados deben implementar mecanismos efectivos de protección a las personas en situación de movilidad humana con enfoques diferenciales, y no limitarse a esperar la financiación de la respuesta a la migración por parte de otros países del norte global. Este es el momento para que los gobiernos actuales implementen una respuesta coordinada que esté dirigida a cumplir lo establecido en la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024 -2034 y garantizar los principios de solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida.
Asimismo, la coyuntura actual debe mover a actores privados de todos los países a cumplir sus compromisos de responsabilidad empresarial y apoyar la agenda social de los países de la región, que impulsan tanto organizaciones no gubernamentales de sus territorios y hasta la misma sociedad civil. Este apoyo no se debe limitar al otorgamiento de recursos, sino también promover políticas empresariales que promuevan la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, la contratación de personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Es por ello que las organizaciones de la Red están evaluando diferentes estrategias para mitigar los efectos de la suspensión de fondos y garantizar la continuidad de sus programas. Entre las acciones propuestas destacan:
Articulación con actores estratégicos: se plantea la necesidad de reducir la dependencia de los fondos provenientes de Estados Unidos y fortalecer la búsqueda de apoyo en Europa, las Américas y el sector privado. En este sentido, cobra mayor pertinencia la cooperación sur-sur y triangular, como un mecanismo que contrarresta la gran influencia económica que ejerce Estados Unidos sobre países de América Latina.
Reestructuración de proyectos: ante la incertidumbre sobre la reactivación del financiamiento, se están revisando las estrategias internas para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas en el mediano plazo. Sin renunciar a los principios, las organizaciones de la Red buscaremos mecanismos que permitan reactivar proyectos que protejan la vida, integridad y dignidad de las personas LGBTIQ+ en movilidad humana, con pleno respeto y reconocimiento de sus identidades y expresiones de género.
Fortalecer redes de apoyo entre organizaciones y sectores sociales: promover redes de solidaridad entre las organizaciones de sociedad civil para establecer rutas de incidencia en común permite sobrellevar el impacto que las políticas anti derechos que han surgido en la región. Se hace necesario que aliadas de otros sectores sociales materialicen su apoyo a las personas y organizaciones LGBTIQ+ y de personas migrantes y refugiadas que se ven amenazas en sus libertades individuales, colectivas y de libre asociación. Las acciones tomadas por los gobiernos de derecha y fundamentalistas, son una clara persecución política, jurídica y social a las poblaciones históricamente excluidas y marginalizadas.
Es imprescindible tomar acciones rápidas y, sobre todo, que se garantice la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los cierres de proyectos han dejado a cientos de personas sin acceso a sus tratamientos antirretrovirales contra el VIH, así como la PrEP, muchas otras en situación de movilidad humana están desprotegidas y son víctimas de violencias, trata de personas, esclavitudes modernas, entre otras. Por eso, los Estados no deben renunciar a su responsabilidad y destinar recursos para la protección de sus ciudadanos, bien sea a través de políticas propias gubernamentales o a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
Por último, la Red hace un llamado a todas las organizaciones de carácter humanitario a articular esfuerzos entre sí mismas, para fortalecer acciones. Las organizaciones de la Red reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas LGBTIQ+ refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. En un llamado a la solidaridad y la corresponsabilidad, las organizaciones de la Red buscan nuevas oportunidades de apoyo y colaboración para continuar con su labor fundamental en la región.
