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Positivo) En el ámbito global se está observando un
importante retroceso en lo referente al avance en derechos de poblaciones
clave, lo que incluye de forma muy preocupante a las mujeres, por el simple
hecho de serlo, a los migrantes y personas con necesidad de proyección
internacional, aunque se han observado particulares discursos, políticas y
retrocesos en lo referente a los derechos de las personas LGBTIQ+.
Definitivamente,
la proliferación de gobiernos denominados de derecha extremistas, ha marcado
una línea muy fina, por no decir que opaca o inexistente, entre el Estado, que
en la mayoría de los países democráticos y modernos debe considerarse laico y
apartado de los mandatos religiosos, con los liderazgos de las iglesias, las
cuales históricamente han buscado vulnerar y eliminar los derechos de esta
parte de la población.
Los retrocesos
se ven en presiones gubernamentales, en prohibiciones de marchas como
expresiones legítimas de libertad de asociación, en restricciones o eliminación
de financiamientos y ¿Por qué no decirlo? En el psicoterror implantado en productos,
marcas y empresas para teñir poco a poco el arcoíris de escala de grises.
Las estrategias
han sido las mismas que desde hace décadas; vincular a las personas LGBTIQ+ con
actos de pedofilia o pederastia, hablar de una supuesta “agenda” para la
destrucción de la familia tradicional (sea lo que eso sea en el contexto actual
en el que una familia puede estar constituida de múltiples formas y seguir
siendo familia) y el habitual discurso de condenación, de miedo a una deidad
castigadora y el lobby desde los altos puestos políticos para lograr que se
consoliden políticas discriminatorias, retrocesos de derechos y penas por el
simple hecho de tener una orientación sexual, una identidad o una expresión de
género.
Hay países cuyas
legislaciones se han endurecido para las personas LGBTIQ+, haciendo que el sólo
derecho a amar sea un delito, con penas de prisión, de castigos físicos y, en
algunos casos, con la pena capital. En países como Venezuela, no existen
legislaciones puntuales para la criminalización de la homosexualidad, la
transexualidad o la libre expresión de su sexualidad, no obstante, existe una
política de opacidad en el tema que deja al criterio de funcionarios policiales
las actuaciones ilegales y degradantes hacia las personas LGBTIQ+. Dos casos
muy sonados fueron los allanamientos ilegales y humillantes en dos locales para
el entretenimiento y relajación (saunas) en las ciudades de Valencia y
Barquisimeto, en las que los funcionarios policiales actuaron contra la ley,
propinaron tratos degradantes y humillantes y sometieron al escarnio público a
quienes disfrutaban de un espacio entre adultos, de forma consensuada y con
toda la permisología, apelando al “delito de homosexualidad”.
Afortunadamente,
y gracias a las acciones visibles, firmes y apegadas a la Ley, se está
avanzando en judicialización de los funcionarios policiales involucrados en
estos actos ilegales y degradantes. Resulta preocupante cómo fue el trato de
muchos medios de comunicación y plataformas digitales, en las que, en el caso
del sauna de Valencia, de publicaron fotografías, no sólo de las personas que
fueron detenidas arbitrariamente por la fuerza policial, sino que compartieron
fotografías de los documentos de identidad y expusieron como “elementos
incautados” teléfonos celulares personales, condones y llaves de vehículos
también particulares. En el caso de Barquisimeto llegaron a otro nivel los
uniformados, llevando adelante procesos de extorsión con los 33 involucrados,
teniendo estos que pagar sumas (en efectivo, transferencias o con pertenencias
como teléfonos y laptops) que superaron los 500, 700 o hasta más de 3000
dólares, según el análisis que los funcionarios policiales hicieran de cada
sujeto. Esta actuación se dio en un marco de total indefensión y bajo la
premisa que las personas no se defenderían, aunque la realidad fue distinta.
La actual
realidad venezolana, basados en los discursos de los bandos políticos con mayor
influencia en el país, sugieren que podrían venir cambios positivos e
importantes para el grupo poblacional LGBTIQ+, el cual puede representar más
del 20% de la población, en los próximos años. Por un lado, la líder de la
oposición democrática venezolana, María Corina Machado, ha sido consultada
sobre el tema y ha manifestado que está a favor del avance en derechos de las
personas de la comunidad LGBTIQ+, incluyendo el matrimonio civil igualitario
como una protección legal y una justicia social, mas no como una acción
relacionada con las instituciones religiosas. Por su parte, la presidenta
encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamado a los diferentes
poderes del país a avanzar en materia de legislación, reconocimiento y justicia
hacia este grupo históricamente marginado de las leyes y la protección. Es por
esta razón que el Ministerio Público se activó con el caso del allanamiento del
sauna en Barquisimeto, privando de libertad a funcionarios que actuaron al
margen de la Ley y que la Defensoría del Pueblo ha iniciado procesos de consultas
con activistas y expertos de la población LGBTIQ+ venezolana para avanzar en
procesos que han estado engavetados gracias a los intereses de los grupos
religiosos extremistas con influencia en los poderes públicos venezolanos.
¿Es que acaso
reconocer los derechos de un grupo de la sociedad quita o limita en derechos a
otros grupos? Definitivamente no. Y este es un punto que debe masificarse y ser
del entendimiento público. Cuando personas a quienes no se les ha permitido
formalizar la unión civil, garantizar patrimonios conjuntos, tener derecho a la
defensa bajo la protección de leyes inclusivas y tener garantizado el derecho a
un trato digno, se está haciendo justicia histórica y no se atropellan los
derechos de ningún otro grupo de la sociedad.
Paradójicamente,
mientras varios países de la región latinoamericana están enfrentando grandes
luchas, incluso retrocesos en legislaciones ya avanzadas, en Venezuela, país
que se ubica entre los últimos lugares en este tema particular, está haciendo
un guiño en la reivindicación de derechos históricamente robados.
