Mientras el mundo enfrenta un momento crítico en materia de derechos de las personas LGBTIQ+, Venezuela podría estar dando un guiño en este tema

 

(Azul Positivo) En el ámbito global se está observando un importante retroceso en lo referente al avance en derechos de poblaciones clave, lo que incluye de forma muy preocupante a las mujeres, por el simple hecho de serlo, a los migrantes y personas con necesidad de proyección internacional, aunque se han observado particulares discursos, políticas y retrocesos en lo referente a los derechos de las personas LGBTIQ+.

Definitivamente, la proliferación de gobiernos denominados de derecha extremistas, ha marcado una línea muy fina, por no decir que opaca o inexistente, entre el Estado, que en la mayoría de los países democráticos y modernos debe considerarse laico y apartado de los mandatos religiosos, con los liderazgos de las iglesias, las cuales históricamente han buscado vulnerar y eliminar los derechos de esta parte de la población.

Los retrocesos se ven en presiones gubernamentales, en prohibiciones de marchas como expresiones legítimas de libertad de asociación, en restricciones o eliminación de financiamientos y ¿Por qué no decirlo? En el psicoterror implantado en productos, marcas y empresas para teñir poco a poco el arcoíris de escala de grises.

Las estrategias han sido las mismas que desde hace décadas; vincular a las personas LGBTIQ+ con actos de pedofilia o pederastia, hablar de una supuesta “agenda” para la destrucción de la familia tradicional (sea lo que eso sea en el contexto actual en el que una familia puede estar constituida de múltiples formas y seguir siendo familia) y el habitual discurso de condenación, de miedo a una deidad castigadora y el lobby desde los altos puestos políticos para lograr que se consoliden políticas discriminatorias, retrocesos de derechos y penas por el simple hecho de tener una orientación sexual, una identidad o una expresión de género.

Hay países cuyas legislaciones se han endurecido para las personas LGBTIQ+, haciendo que el sólo derecho a amar sea un delito, con penas de prisión, de castigos físicos y, en algunos casos, con la pena capital. En países como Venezuela, no existen legislaciones puntuales para la criminalización de la homosexualidad, la transexualidad o la libre expresión de su sexualidad, no obstante, existe una política de opacidad en el tema que deja al criterio de funcionarios policiales las actuaciones ilegales y degradantes hacia las personas LGBTIQ+. Dos casos muy sonados fueron los allanamientos ilegales y humillantes en dos locales para el entretenimiento y relajación (saunas) en las ciudades de Valencia y Barquisimeto, en las que los funcionarios policiales actuaron contra la ley, propinaron tratos degradantes y humillantes y sometieron al escarnio público a quienes disfrutaban de un espacio entre adultos, de forma consensuada y con toda la permisología, apelando al “delito de homosexualidad”.

Afortunadamente, y gracias a las acciones visibles, firmes y apegadas a la Ley, se está avanzando en judicialización de los funcionarios policiales involucrados en estos actos ilegales y degradantes. Resulta preocupante cómo fue el trato de muchos medios de comunicación y plataformas digitales, en las que, en el caso del sauna de Valencia, de publicaron fotografías, no sólo de las personas que fueron detenidas arbitrariamente por la fuerza policial, sino que compartieron fotografías de los documentos de identidad y expusieron como “elementos incautados” teléfonos celulares personales, condones y llaves de vehículos también particulares. En el caso de Barquisimeto llegaron a otro nivel los uniformados, llevando adelante procesos de extorsión con los 33 involucrados, teniendo estos que pagar sumas (en efectivo, transferencias o con pertenencias como teléfonos y laptops) que superaron los 500, 700 o hasta más de 3000 dólares, según el análisis que los funcionarios policiales hicieran de cada sujeto. Esta actuación se dio en un marco de total indefensión y bajo la premisa que las personas no se defenderían, aunque la realidad fue distinta.

La actual realidad venezolana, basados en los discursos de los bandos políticos con mayor influencia en el país, sugieren que podrían venir cambios positivos e importantes para el grupo poblacional LGBTIQ+, el cual puede representar más del 20% de la población, en los próximos años. Por un lado, la líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, ha sido consultada sobre el tema y ha manifestado que está a favor del avance en derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, incluyendo el matrimonio civil igualitario como una protección legal y una justicia social, mas no como una acción relacionada con las instituciones religiosas. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamado a los diferentes poderes del país a avanzar en materia de legislación, reconocimiento y justicia hacia este grupo históricamente marginado de las leyes y la protección. Es por esta razón que el Ministerio Público se activó con el caso del allanamiento del sauna en Barquisimeto, privando de libertad a funcionarios que actuaron al margen de la Ley y que la Defensoría del Pueblo ha iniciado procesos de consultas con activistas y expertos de la población LGBTIQ+ venezolana para avanzar en procesos que han estado engavetados gracias a los intereses de los grupos religiosos extremistas con influencia en los poderes públicos venezolanos.

¿Es que acaso reconocer los derechos de un grupo de la sociedad quita o limita en derechos a otros grupos? Definitivamente no. Y este es un punto que debe masificarse y ser del entendimiento público. Cuando personas a quienes no se les ha permitido formalizar la unión civil, garantizar patrimonios conjuntos, tener derecho a la defensa bajo la protección de leyes inclusivas y tener garantizado el derecho a un trato digno, se está haciendo justicia histórica y no se atropellan los derechos de ningún otro grupo de la sociedad.

Paradójicamente, mientras varios países de la región latinoamericana están enfrentando grandes luchas, incluso retrocesos en legislaciones ya avanzadas, en Venezuela, país que se ubica entre los últimos lugares en este tema particular, está haciendo un guiño en la reivindicación de derechos históricamente robados.