sábado, 31 de marzo de 2018

PRONUNCIAMIENTO DE REDHEZ SOBRE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES





Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ) hacen del conocimiento público nacional e internacional la grave situación que se vive en materia de acceso a la medicación antirretroviral, necesaria para tratamiento oportuno del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y su consecuencia sintomática conocida como Sida.
En el estado Zulia, la organización Azul Positivo ha identificado un desabastecimiento cercano al 95% en materia de terapias antirretrovirales, afectando esta realidad a más de 9.300 usuarios que requieren de esta medicación para inhibir la replicación del virus y fortalecer el sistema inmunológico. En el ámbito nacional, esta grave situación estaría afectando a más de 77 mil personas, según las propias estimaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Estos medicamentos se compran a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, tras mecanismos dispuestos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), no obstante, para contar con los necesarios para el 2018 se debió hacer una inversión por parte del Estado venezolano por el orden de los 22 millones de dólares estadounidenses, e iniciar los procesos de compras desde julio de 2017.
Próximos al cierre del primer trimestre de 2018, el Ministro de Salud, Luis López, no ha firmado el punto de cuenta para la compra de estos medicamentos, lo que representa un atraso de nueve meses para tales efectos y se traduce en un duro golpe al derecho a la salud y a la vida de decenas de miles de venezolanos.
En el estado Zulia, de manera extraoficial, se conoce que no hay medicamentos antirretrovirales para las embarazadas diagnosticadas con VIH, tampoco para accidentes laborales y no laborales asociados con esta patología, y los 309 niños, niñas y adolescentes que requieren de estas terapias están próximos a quedar completamente sin medicación gracias a la negligencia del Estado venezolano. El limitado stock de medicamentos disponibles no fue adquirido por el Ministerio de Salud, sino conseguido a través de la intervención de la Agencia de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida (ONUSIDA) por medio de mecanismos de cooperación internacional.
Si bien ni el Programa Regional de VIH ni su Coordinación Nacional dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Caracas ofrecen estadísticas al respecto, la organización Azul Positivo ha podido constatar a través de usuarios y médicos tratantes una migración de entre 80 y 95 pacientes con VIH semanales fuera del país, sólo en la entidad zuliana, movilizados por el temor de comprometer su salud y morir a causa del desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. En los últimos meses, 65 familias con menores y afectadas por el VIH en el Zulia han emigrado con el propósito de salvaguardar sus vidas.
El Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, por el contrario, niega una emergencia humanitaria en materia de salud.
En tal sentido, las organizaciones que integran la REDHEZ exhortan y exigen al Estado venezolano a cumplir sus responsabilidades constitucionales, así como los acuerdos y tratados internacionales en la materia con el objeto de garantizar los derechos fundamentales de decenas de miles de venezolanos que viven con esta condición crónica, así como a sus familiares, quienes también se ven afectados de forma directa por esta grave crisis.
Recordamos al ministro de Salud y a los responsables de la adquisición de estos medicamentos que por sentencia emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justica (de fecha 15 de julio de 1999) se dio a lugar un recurso de amparo que ordena al Ministerio del Poder Popular para la Salud la compra de los medicamentos antirretrovirales, para infecciones oportunistas, así como las pruebas específicas y campañas preventivas para revertir el curso de la epidemia del VIH en Venezuela.
Recordamos también que no es una dádiva ni una decisión sujeta a discreción la compra de estos medicamentos sino una obligación, la cual por su incumplimiento está dejando consecuencias fatales de decenas de venezolanas y venezolanos semanalmente en todos los rincones del país.
La sociedad civil organizada seguirá vigilante y levantando la voz ante las arbitrariedades y deficiencias en la toma de decisiones en materia de salud; no sólo en lo referente al VIH, sino de todas la patologías crónicas y muertes prevenibles.









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